PESCA

Buscan crear un consorcio mixto pesquero en Río Negro

15/09/2026 13:24 hs ADN

Raúl González, investigador principal del CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue, adelantó que Río Negro avanza en una reforma de fondo de su política pesquera para el Golfo San Matías, que alcanzará tanto a la flota artesanal como a la industrial.

Lo hizo en diálogo con el diario La Mañana de Neuquén. “Es un corpus reglamentario de cómo manejar la pesquería, para que no aparezca nadie vendiendo indiscriminadamente permisos de pesca para el langostino, como pasó la vez pasada”, explicó. Lo que se está diseñando un plan de manejo que pondrá en funcionamiento un consejo pesquero integrado por el Estado, los pescadores y las empresas del sector, y que fijará cupos taxativos: toneladas autorizadas a capturar y una cantidad máxima de embarcaciones habilitadas. Se erradicarán los permisos de pesca, y se viene la difícil definición de los primeros cupos, previo a una depuración del listado de embarcaciones, sobre to artesanales, porque hay algunas “que pasan hasta tres años en el patio”. Se busca proteger al pescador que todo el año se dedica a esta actividad que la tiene como su sustento. Su implementación requiere un consorcio de gestión, el cual “estará compuesto, obviamente, por el Estado -la autoridad de aplicación, que tiene la palabra final siempre, porque es el responsable último de la conservación del recurso por ley- pero lo bueno de hacer un plan de manejo es que pueden participar todas las partes interesadas, puedan aprobarlo, objetarlo y decidir, por sobre todas las cosas, qué objetivos quieren para la pesquería”, detalla el investigador. En definitiva, sintetiza, el tema de los planes de manejo “consisten en darle a los usuarios el control sobre el recurso, para no que venga cualquier funcionario de turno y te haga lo que quiera”. “Si vos querés una pesquería sustentable en el tiempo, se logra con estas medidas. No se logra regalando permisos de pesca o vendiéndolos”, aclaró en base a experiencias anteriores que condenaron a toda la pesquería del golfo a vivir en situación de emergencia desde hace casi 3 años. El esquema prevé además una autoridad del plan para las decisiones operativas del día a día, y revisiones periódicas de cómo evoluciona el manejo. Pescadores y empresas podrán sugerir cambios que mejoren la productividad, “siempre y cuando no se afecte la conservación del recurso”. Cupos por embarcación El plan reemplazará la lógica actual por un sistema de cuotas. “El Estado lo que tiene que hacer es mirar el sistema global, porque si alguien sigue sobrecapitalizándose, poniendo mejores barcos, más barcos para capturar más, tenemos un problema. Una cosa es optimizar y otra cosa es sobrecapitalizar pensando que vas a pescar más”, explica González. “Por eso en las pesquerías se utiliza el sistema de cuotas, que funciona bien: un pescador sabe que cada año tiene un porcentaje de la captura total, y no le van a dar ni más ni menos. Entonces puede hacer cuentas más previsibles.” La alternativa, dice, es “una porquería”: el sistema tipo olímpico, en el que “todos van a tratar de sacar la mayor cantidad de pescado posible en el menor tiempo posible. Si queda un pescado solo, van y lo sacan también, porque es una carrera contrarreloj para que no te ganen los otros”. Con cuotas, en cambio, “a vos te toca una porción, y tenés todo el año para capturarla. Si no la capturás porque sos ineficiente, la podés transferir, vender a otro pescador, o hasta alquilar temporariamente”. Lo más difícil, admite, es establecer el reparto inicial, que “generalmente se distribuye en base a antecedentes de captura histórica. Eso se hizo a nivel nacional con la pesca de la merluza hace más de 15 años, y se logró estabilizar muchísimo la pesquería”. Una vez asignada, la cuota “ya es un activo de la empresa, y pasa a ser parte de su patrimonio. Entonces se puede poner en garantía de financiamiento”. Un techo de embarcaciones Antes de repartir cuotas hay que determinar cuánta pesca soporta el golfo. “Lo primero a determinar es el esfuerzo de pesca que se banca el golfo”, plantea González. Consultado sobre qué pasa con un pescador artesanal que quiera sumarse cuando abunda el langostino, es tajante: “Puede haber, por ejemplo, 80 lanchas al día de hoy. Bueno, no va a haber más que 80. La idea es esa: arreglar con los que ya están”. La flota se redujo drásticamente desde el boom del langostino: “La otra vez hubo 150, más o menos. Ahora, en el registro, y reglamentariamente operativas, no llegan a 50”. A la reducción se suma un problema de seguridad: “Muchas de esas lanchas tienen permiso de pesca, pero no pueden cumplimentar los estudios de estabilidad de la embarcación que exige la Prefectura Naval.” El plan fijará entonces un techo definitivo: cinco o seis buques para el sector industrial y 55 embarcaciones para el artesanal, “y no se mueve de ahí. Si mañana viene mucho langostino, que lo pesquen esas 55 embarcaciones, que mejoren las embarcaciones, que mejoren la seguridad, se pongan al día, y no que se diluya el beneficio económico duplicando la cantidad de pescadores, que encima vienen todos de afuera”. La lancha del patio Durante años, los permisos de pesca artesanal se otorgaron “con mucha laxitud”, señala González: “Hubo mucho regalo político del permiso de pesca.” Ahora, con el plan de manejo se pondrá coto a esa práctica con un límite taxativo a la inactividad: una embarcación no podrá superar, por ejemplo, 180 días sin salir a pescar en el año. “Con eso se limpia el listado, porque hay gente que hace tres años que no sale a pescar. Hay embarcaciones que no se mueven del patio de la casa durante tres años, solo esperando el momento en que haya mucho pescado para salir. Y eso, ¿a quién perjudica? Al pescador que vive permanentemente de la poca pesca que hay.” Para González, la experiencia internacional respalda el rumbo elegido: “Hay una casuística a nivel internacional de que las pesquerías que tienen planes de manejo y funcionan bajo esos planes son mejores: están menos afectadas por la sobrepesca.” Una norma de mayor jerarquía Hasta ahora, “casi todo el manejo de la pesca se hace en base a resoluciones, que es una norma de menor jerarquía”, advierte el investigador. Por eso insiste en que el plan de manejo necesita “una norma de alta jerarquía”: si no se aprueba por ley, “se tiene que aprobar por decreto del gobernador”. Los plazos Los planes de manejo de merluza, langostino y el resto de las especies deberán estar terminados en noviembre. Para llegar a esa fecha, entre septiembre y octubre se realiza una serie de encuentros técnicos; “reuniones de mesas chicas con los distintos grupos de pescadores”, precisa González, de los que participan funcionarios de la Subsecretaría de Pesca provincial. Nueva campaña de monitoreo En paralelo, a fines de octubre se realizará una nueva campaña de investigación en el mar, para actualizar el diagnóstico sobre el estado del recurso. “Se hace a fines de octubre, en la última semana, porque es cuando más concentrado está el recurso”, explica González. Se medirán indicadores de abundancia con el método de área barrida: entre 42 y 44 lances, siempre en los mismos puntos, con una duración estandarizada de entre 20 y 30 minutos. La campaña anterior, de 2024, había mostrado una recuperación de la biomasa “pero no en tamaño, sino apenas un poco en volumen”: de unas 11.000 se pasó a unas 25.000 toneladas, todavía lejos de las 40.000 o 50.000 toneladas históricas. De la “tierra arrasada” a la emergencia pesquera El plan de manejo es la respuesta a una crisis que estalló en 2022. “En el Instituto de Biología Marina hicimos una campaña de investigación y encontramos que el stock de merluza estaba reducido al 20% de sus valores históricos de biomasa”, recuerda González. La causa había que buscarla unos años antes: “Entre 2016 y 2021 hubo un descontrol: se dieron permisos de pesca sin ningún control para el langostino. Como al pescar langostino también sale merluza, la tiraban de nuevo al agua ya muerta. Así arruinaron todo el stock de merluza pescando langostino.” Desde el CONICET, González y otros investigadores habían advertido sobre el riesgo con dos o tres informes previos, que -dice- fueron desoídos. El diagnóstico solo se aceptó cuando ya era tarde: “Cuando vino el descalabro, cambiaron las autoridades y nos llamaron para ver qué se podía hacer. Ya no se podía hacer nada: había que parar la pesca y tomar medidas de emergencia.” A partir de 2023 rige un decreto de emergencia pesquera que restringió permisos y capturas. La recuperación, advierte González, es lenta: “Tenés que esperar por lo menos entre 5 y 8 años a que la población de merluza se recupere. A los 5 años empezás a ver que tenés más biomasa, pero todavía está a la mitad de la biomasa histórica, ni siquiera recuperaste la biomasa histórica.” Además del volumen, falta que se reconstruya la estructura de tamaños de la población: no todos los ejemplares actuales no llegan a los 35 centímetros, el tamaño comercial. Plan para la recuperación Sobre ese diagnóstico se montó el Programa de Asistencia Técnica para la Gestión Sustentable de las Pesquerías del Golfo San Matías, financiado con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y aval de la provincia. “El primer programa del CFI fue para diagnosticar cómo estaba la situación -señala González-, y ahora estamos pasando a la acción” con una segunda etapa, aprobada el año pasado, destinada a elaborar los planes de manejo de las pesquerías.

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